El Gobierno demandó a California, Nueva Jersey y a una localidad del estado de Washington, en un nuevo capítulo contra las medidas que protegen a los migrantes indocumentados
11 de febrero de 2020 9:43 AM | Con información de EFE
15 minutos. El Gobierno del presidente Donald Trump demandó este lunes a California, Nueva Jersey y a una localidad del estado de Washington, en un nuevo capítulo de su pulso con las autoridades locales por medidas que protegen a los migrantes indocumentados, llamadas políticas de santuario.
El Departamento de Justicia (DOJ, en inglés) demandó al estado de California, su gobernador, Gavin Newson, y su fiscal general Xavier Becerra. La acción es contra una ley que busca eliminar gradualmente el uso de cárceles privadas con fines de lucro.
Debido a esa legislación los prisioneros que permanecen en centros privados en California tendrán que ser trasladados "a un gran costo". Esto podría aislarlos de sus familias y causar hacinamiento en los estados vecinos.
Para la Administración Trump, esa ley -que Newson suscribió en octubre pasado- es "ilegal".
La normativa, conocida como AB 32, impide que el Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California (CDCR) celebre o renueve un contrato con una compañía penitenciaria privada después del 1 de enero de 2020. Además, evita que el estado mantenga a los reclusos en centros penitenciarios con fines de lucro a partir de 2028.
La ley también prohíbe al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) contratar, modificar o extender un contrato actual con una prisión privada.
La Administración de Trump también demandó al estado de Nueva Jersey, su gobernador, Philip Murphy, y su fiscal general, Gurbir Grewal. La querrella busca bloquear una norma que prohíbe a los funcionarios estatales compartir con el ICE información relacionada con el estatus migratorio y las fechas de liberación de personas bajo su custodia.
Esta prevé que se notifique "prontamente a una persona detenida, por escrito y en un idioma que pueda entender", si el ICE solicita su detención.
Según la queja presentada este día, en múltiples ocasiones los funcionarios de Nueva Jersey no proporcionaron durante el año pasado información sobre la fecha de liberación de extranjeros acusados o detenidos por crímenes. La nota el DOJ califica igualmente de "ilegal" esa normativa de Nueva Jersey.
El Gobierno inició de igual forma una demanda contra el condado de King, en el estado de Washington, y el jefe del Ejecutivo, Dow Constantine. En este caso es por una orden que prohibió que contratistas del ICE usen el aeropuerto de esa población como terminal de salida de los vuelos con deportados. Aplica también para transportar migrantes detenidos dentro del país.
La decisión, que no incluye los aviones del Gobierno federal, "ha creado dificultades operativas y costes adicionales para el ICE", argumentó el Departamento de Justicia.
Según versiones de prensa un juez de Maryland prohibió arrestar o deportar a los migrantes indocumentados de esa zona casados con estadounidense mientras tramitan su estatus legal en virtud de esa unión.