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Supremo avala norma contra inmigrantes considerados carga pública

La norma permite rechazar los permisos de residencia a inmigrantes que reciban beneficios públicos, mientras se resuelven las apelaciones pendientes

La votación de los magistrados respalda la aplicación de la norma, anunciada por el Ejecutivo en agosto de 2019 (Free-Photos/Pixabay)

15 minutos. El Tribunal Supremo de Estados Unidos aprobó este lunes, sin unanimidad, que el Gobierno pueda aplicar la llamada norma de carga pública. La misma permite rechazar los permisos de residencia a inmigrantes que reciban beneficios públicos, mientras se resuelven las apelaciones pendientes.

La votación de los magistrados (5-4) respalda la aplicación de la norma, anunciada por el Ejecutivo en agosto de 2019. En octubre pasado las cortes del distrito de Nueva York, California, Washington, Illinois y Maryland la bloquearon cuando debía entrar en vigor.

"Hoy, el Tribunal (legítimamente) otorga una suspensión, lo que le permite al Gobierno seguir (por ahora) su política en todas partes, salvo en Illinois", señala la decisión del Supremo.

En diciembre pasado, dos tribunales de apelaciones desestimaron en decisiones separadas los fallos de las cortes de California, Washington y Maryland en contra de la normativa.

La carga pública

Un inmigrante legal será definido como "carga pública" si recibe "uno o más beneficios públicos designados" por más de 12 meses en tres años.

Los beneficios incluyen asistencia alimentaria, vales de ayuda de vivienda y programas que subsidian el elevado costo de los medicamentos en Estados Unidos, entre otros.

La normativa apunta además a reducir la cantidad de inmigrantes legales a los que se les permite ingresar y residir en el país, al facilitar el rechazo de las solicitudes de "green card" o de algunos visados.

Así, las autoridades podrán determinar si el inmigrante puede convertirse en un momento dado o se ha convertido en una "carga pública" para el Gobierno. Lo que se evalúa es si "depende principalmente" de la asistencia de los fondos públicos para subsistir, y luego cancelar su estatus migratorio legal.

De este modo, una persona poseedora de la tarjeta de residente permanente o de algún tipo de visado conseguido por la vía legal podría ver afectada su situación, si no puede mantenerse sin ayudas públicas.

La medida no afecta a los refugiados, asilados y víctimas de violencia doméstica y tráfico de personas que residen en Estados Unidos.

Consecuencias para los vulnerables

La presidenta de la organización Community Change Action, Lorella Praeli, advierte que no proteger "a los más vulnerables tendrá consecuencias duraderas para mujeres, menores y ancianos". Además, calificó la norma como "discriminatoria".

FWD.us, una asociación creada por partidarios de una nueva política migratoria y que presentó un documento contra de la normativa consideró que el fallo del Supremo hará "más difícil" la vida para quienes aspiran a convertirse en ciudadanos estadounidenses.

"Esta política es un esfuerzo con subterfugios de cortar la inmigración legal". Además, considera que "perjudicará a millones de familias (incluyendo los estadounidenses nativos), nuestras comunidades y nuestra economía". Así lo afirmó en un comunicado el presidente de FWD.us, Todd Schulte.

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