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Sancionan a exmilitares salvadoreños por violación de DDHH

La medida se tomó por el asesinato de seis sacerdotes jesuitas en El Salvador en 1989

"Continuaremos usando todas las herramientas disponibles y autoridades, según proceda, para hacer frente a las violaciones de derechos humanos y abusos en todo el mundo", dijo Mike Pompeo (EFE/Jeffrey Arguedas)

15 minutos. Estados Unidos (EEUU) sancionó este miércoles a 13 exmilitares salvadoreños vinculados con el asesinato, en noviembre de 1989, de seis sacerdotes jesuitas. En total, fueron cinco españoles y un ciudadano del país centroamericano, así como dos mujeres. Los crímenes sucedieron durante la guerra civil que sacudió a El Salvador entre 1980 y 1992.

En un comunicado, el secretario de Estado, Mike Pompeo, detalló que la sanción, que consiste en la prohibición de ingreso en EEUU de los exsoldados y miembros de su familia inmediata, "se debe a su participación en violaciones graves de los derechos humanos en el Salvador relacionadas con la planificación y ejecución de los asesinatos extrajudiciales". Estos ocurrieron en el campus de la Universidad Centromericana José Simeón Cañas (UCA).

Los exmilitares, de distintos rangos, fueron identificados como Juan Rafael Bustillo, Juan Orlando Zepeda, Inocente Orlando Montano Morales, Francisco Elena Fuentes, Guillermo Alfredo Benavides Moreno, Yusshy René Mendoza Vallecillos y José Ricardo Espinoza Guerra.

El grupo lo completan Gonzalo Guevara Cerritos, Carlos Camilo Hernández Barahona, Óscar Mariano Amaya Grimaldi, Antonio Ramiro Avalos Vargas, Ángel Pérez Vásquez y José Alberto Sierra Ascencio.

"Estados Unidos condena todas las violaciones de los derechos humanos que tuvieron lugar desde ambos lados de la brutal guerra civil en El Salvador" dice la nota de Pompeo. Se incluyen los cometidos por los partidos gubernamentales y los no gubernamentales.

Rendición de cuentas

Además, detalló que el Gobierno estadounidense apoya la rendición de cuentas, la reconciliación y los esfuerzos de paz en curso en El Salvador.

"Valoramos nuestra relación de trabajo permanente con las Fuerzas Armadas de El Salvador. Pero continuaremos usando todas las herramientas disponibles y autoridades, según proceda, para hacer frente a las violaciones de derechos humanos y abusos en todo el mundo, sin importar cuándo ocurrieron o quién los cometió", agregó.

La madrugada del 16 de noviembre de 1989, en medio de la mayor ofensiva insurgente registrada durante la guerra civil salvadoreña, un comando de soldados de elite ejecutó a los religiosos. El hecho se consideró un crimen de lesa humanidad.

Los jesuitas asesinados fueron los españoles Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró, Amando López y Juan Ramón Moreno, además del salvadoreño Joaquín López. También fueron ejecutadas la trabajadora de la UCA Elba y su hija de 16 años, Celina Ramos.

Ellacuría, entonces rector de la UCA, denunció las condiciones de explotación y de miseria de la mayoría campesina del país.

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