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Salud reproductiva de las mujeres bajo amenaza

Varios estados, con una mayoría legislativa republicana, están tratando de controlar el derecho de las personas a tomar sus propias decisiones

Hasta el 1998, las mujeres salvadoreñas podían conseguir una interrupción legal del embarazo si la mujer era víctima de una violación (www.freepik.com by yanalya)

15 Minutos. El noviembre pasado, viajé con un grupo de legisladoras a El Salvador para aprender más sobre las consecuencias de la prohibición total del aborto en las mujeres de ese país. En el centro de detención de Izalco, conocí a Sara.

Sara estaba embarazada cuando se resbaló en el lavadero de su casa en Cojutepeque. Al caerse, se puso pálida, sintió un dolor intenso en el vientre y algo expulsó de su cuerpo. Su madre la encontró y la llevó al hospital, donde los médicos la acusaron de un “aborto incompleto” y llamaron a la policía. Actualmente, Sara cumple una sentencia de 30 años en prisión.

Sara es una de las decenas de mujeres que fueron encarceladas por sufrir emergencias obstétricas bajo las leyes draconianas de El Salvador. Pero esta realidad no siempre fue la norma del país centroamericano.

Hasta el 1998, las mujeres salvadoreñas podían conseguir una interrupción legal del embarazo si la mujer era víctima de una violación, existía un riesgo a su salud o si el proceso de gestación era inviable con la vida. Pero hace 22 años, el congreso de El Salvador aprobó una ley que criminaliza el aborto sin ninguna excepción. Desde ese entonces, por lo menos 147 mujeres fueron acusadas de aborto, o peor todavía, de homicidio agravado. De hecho, 36 de ellas recibieron sentencias de más de 40 años de prisión.

No muy lejos: Florida

Aquí en Estados Unidos (EEUU), legislaturas estatales a través del país presentaron proyectos de ley terriblemente similares a las leyes de El Salvador. En solo unos días conmemoramos 47 años desde la decisión de la corte en el caso de Roe v. Wade. Pero varios estados, con una mayoría legislativa republicana, están tratando de controlar el derecho de las personas a tomar sus propias decisiones sobre su salud reproductiva. La Florida es uno.

Apenas empezó la sesión legislativa del 2020 en la Florida y ya se presentaron varios proyectos de ley. Estos intentan quitarle el cuidado médico reproductivo a millones de personas. El proyecto HB 271 acusaría con un delito de tercer grado a cualquier persona que “conscientemente o deliberadamente realiza o induce un aborto” si se detecta un latido de feto. Esto puede ocurrir a solo seis semanas de gestación. Por lo tanto, cualquier persona que sufra un aborto espontáneo podría recibir una sentencia de cinco años de prisión si el estado convence a un jurado que el aborto espontáneo fue una acto deliberado.

Si se aprueba, HB 271 criminalizaría a personas de la Florida, igual que en El Salvador. Se eliminaría el derecho de interrumpir un embarazo si la mujer es víctima de violación (incluyendo si la víctima es niña o adolescente) o si su vida está en riesgo. Además, cualquier persona que sufra un aborto espontáneo podría ser acusada de un crimen.

Los abortos espontáneos ocurren por una multitud de razones que están fuera del control de una persona. Se estima que ocurren en un 20% de embarazos. Dicho sencillamente, bajo HB 271, la personas serían víctimas de una cacería de brujas.

Mi voto para Elizabeth Warren

De las aproximadamente 27.000 mujeres que sufren aborto espontáneo cada año después de seis semanas de embarazo, seguramente existiría un porcentaje que serían injustamente procesadas por exceso de agresividad policial o un diagnóstico equivocado.

Cualquier observador de nuestro sistema de justicia puede concluir que las personas pobres y de comunidades marginadas tendrían un mayor riesgo de acusación. Así es en El Salvador, donde la mayoría de las personas que fueron víctimas de la prohibición del aborto son pobres e indígenas.

Tenemos que luchar desde todos los frentes, al nivel estatal y federal, para asegurar que cada mujer pueda comenzar un embarazo sin miedo a ser injustamente procesada y encarcelada. Por esta razón y muchas más, decidí apoyar a la Senadora Elizabeth Warren para presidenta. Necesitamos que la persona que esté al mando de nuestro país luche contra esta injusticia y proteja la salud reproductiva de todos.

Hasta hace solo 10 años, las leyes federales permitían que las compañías de seguro cobraran más a las mujeres por los mismos servicios de salud que recibía un hombre. También negaban la cobertura materna para aumentar sus márgenes de ganancia. Las madres que trabajaban fuera del hogar no tenían protecciones legales. Los empleadores y aseguradores podían negar la cobertura de pastillas anticonceptivas.

Debemos confiar que las mujeres y sus familias saben elegir el camino correcto para ellos mismos, mientras aseguramos que puedan recibir el cuidado médico que necesitan. Por eso, merecemos una presidenta y legisladores que lucharán por el futuro y la salud de todos.

*Representante por el Distrito 103 en la Legislatura de Florida

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