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Por qué las ejecuciones federales encuentran tanta resistencia de la Justicia

Una jueza federal logró aplazar a última hora la segunda ejecución ordenada para esta semana por la Administración Trump

El nuevo protocolo de ejecución solo estipula la inyección de una única sustancia (Wikipedia)

15 minutos. Este miércoles la jueza federal Tanya Chutkan, suspendió la ejecución de Wesley Ira Purkey, un hombre que padece demencia y esquizofrenia.

Purkey fue condenado en 1998 por el secuestro y asesinato de una chica de 16 años.

En julio del año pasado, el fiscal general de Estados Unidos, William Barr, anunció que la administración del presidente Donald Trump retomaría las ejecuciones federales con su aplicación en cinco reos.

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Purkey es uno de ellos. En el grupo también se encuentra Dzhokhar Tsarnaev, el hombre que colocó un explosivo en el Maratón de Boston en 2013.

Cuatro de esos cinco apelaron la decisión alegando la ilegalidad del nuevo protocolo de ejecución, que contempla la inyección de una única sustancia, el pentobarbital, un poderoso barbitúrico.

El pentobarbital sustituyó al cóctel de fármacos que se inyectaba a los presos y cuyos críticos calificaban de ineficientes.

Misma semana

La misma magistrada anunció una decisión similar el pasado lunes para detener la primera ejecución federal en 17 años.

Le decisión fue recurrida por el Departamento de Justicia y finalmente el Tribunal Supremo dio la orden de proceder con la ejecución de Daniel Lewis Lee.

En el caso de Lewis Lee, la jueza basó su decisión argumentando que el nuevo protocolo de ejecución probablemente viola la octava enmienda que prohíbe emplear "castigos crueles e inusitados" contra los reos.

La jueza fue nombrada por el presidente Barack Obama, quien en 2014 ordenó que se abriera una revisión de los protocolos de la inyección letal.

Al intentar suspender la ejecución de Lewis Lee, la magistrada dijo que hay pruebas suficientes que demuestran que el pentobarbital "produce sensaciones de ahogamiento y asfixia" y causa "dolor extremo, terror y pánico".

Inyección letal

Sus detractores afirman que el método no siempre es efectivo y que puede ser lento y doloroso.

Hasta antes de la revisión, el cóctel de fármacos de la inyección letal incluía, en primer lugar, sedantes para dejar inconsciente al reo, luego bloqueadores neuromusculares para paralizarlo y por último cloruro de potasio para detener su corazón.

Las prisiones de Estados Unidos también han tenido problemas con el abastecimiento de varios de estos productos, razón por la cual, algunos estados se han visto en la necesidad de buscar alternativas.

Uno de los fármacos que ha escaseado es el tiopental sódico, debido a que la empresa danesa que lo produce se niega a que sea usado en ejecuciones.

En algunos casos las autoridades han sustituido este sedando por otro llamado midazolan, blanco de muchas de las críticas.

Algunos grupos pro Derechos Humanos afirman que el midazolan no inhibe siembre de manera efectiva el efecto de los otros dos.

Incluso estados como Nevada y Nebraska han experimentado con cócteles inéditos que incluyen diazepam y fentanilo.

El primer reo en morir con el nuevo protocolo de una sola sustancia fue Kenneth Biros en diciembre de 2009. Amnistía Internacional calificó la práctica como "una experimentación humana inadmisible".

Según el Centro Informativo de la Pena de Muerte, la inyección letal falla en el 7,12 % de los casos. Tres veces más que la silla eléctrica y dos más que la horca. El único método que se muestra infalible es el fusilamiento.

Ejecuciones federales

En los últimos 59 años cinco reos fueron ejecutados por la justicia federal. Dos de ellos en la administración de John F. Kennedy y los otros tres, 40 años después, durante el mandato de George W. Bush.

Entre los delitos federales se incluyen traición a la patria, espionaje, crímenes de guerra, genocidio, uso de armas químicas y atentar contra cualquier funcionario federal.

El único funcionario con el poder de detener una ejecución federal es el presidente de los Estados Unidos.

Antes de Daniel Lewis Lee, el último ejecutado por delitos federales fue Louis Jones Jr, un exmilitar afroamericano condenado por secuestrar, violar y matar a una joven soldado en 2003.

El más famoso de los condenados federales es sin duda Timothy McVeigh, ejecutado en 2001 por explotar la sede de impuestos de Oklahoma City.

Las ejecuciones federales ha sido uno de los temas que han producido tensión entre Estados Unidos y Puerto Rico.



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