Biden pierde ante el Supremo su plan de reducir la deuda estudiantil

El dictamen se saldó por 6 votos a favor frente a 3 en contra, en línea con la mayoría conservadora del tribunal

El plan, que capacitaba a los afectados para cancelar hasta 20 mil dólares de deuda por estudios (Cortesía Twitter @JoeBiden)

15 minutos. El Tribunal Supremo de Estados Unidos (EEUU) revocó este viernes el programa impulsado por el presidente Joe Biden para aliviar la deuda contraída por los estudiantes universitarios. A su juicio, se trata de un abuso de sus poderes sin el permiso del Congreso.

El dictamen, por 6 votos a favor frente a 3 en contra, en línea con la mayoría conservadora del tribunal, representa un mazazo para una de las principales iniciativas educativas de la Casa Blanca; una de la que se habrían aprovechado 43 millones de estadounidenses.

El plan, que capacitaba a los afectados para cancelar hasta 20 mil dólares de deuda por estudios y que habría costado más de 400 mil millones de dólares a las arcas del Estado, llevaba bloqueado temporalmente desde octubre del año pasado por orden de un tribunal de apelaciones.

“Estamos hablando de una subvención de 400 mil millones de dólares que contraviene a la autoridad de apropiaciones del Congreso”. Así lo señaló en febrero el juez del Supremo Clarence Thomas en una opinión al respecto de la mayoría conservadora del tribunal.

Interpretación “antinatural”

En la opinión minoritaria, la magistrada Elena Kagan recordó que el Congreso concedió al Departamento de Educación amplios poderes para actuar en el caso de emergencia, como la Casa Blanca entiende la crisis de deuda de los estudiantes, y aseguró que el Supremo hizo una interpretación “antinatural” de la realidad.

Todo ello, dijo Kagan, con el objetivo de “hacerse pasar por el Congreso y por el Ejecutivo para dictar una política nacional con un dictamen basado en sus propias políticas y preferencias“.

Asimismo, Kagan puso en entredicho la invocación que hizo la mayoría conservadora del Supremo de la llamada “doctrina sobre cuestiones de envergadura”. Se trata de un “invento” al que están recurriendo los jueces conservadores para oponerse a cualquier iniciativa que el Congreso no haya apoyado explícitamente.

“Están pidiendo al Congreso“, precisó Kagan a este respecto, “que no sólo actúe con claridad, sino que lo haga de manera microespecífica”.

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