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Nintendo se suma a las empresas niponas que reconocen matrimonio homosexual

La desarrolladora y distribuidora de videojuegos explicó su nueva política en una actualización de su estrategia de responsabilidad social corporativa publicada esta semana

La empresa también ha revisado sus códigos de conducta para incluir la prohibición explícita de cualquier discriminación (Twitter)

15 minutos. La empresa japonesa de videojuegos Nintendo ha introducido cambios en su normativa interna para equiparar los derechos laborales al matrimonio homosexual.

La desarrolladora y distribuidora de videojuegos explicó en una actualización de su estrategia de responsabilidad social corporativa publicada esta semana que en marzo de 2021 introdujo un "sistema de uniones" que "garantiza que los empleados que forman una pareja de hecho con una persona del mismo sexo tengan los mismos beneficios que los empleados en un matrimonio del sexo opuesto".

Las uniones establecidas como parejas de hecho, con independencia del sexo, también "tendrán la misma consideración que un matrimonio legal", pese a que actualmente este tipo de uniones conyugales no están legalizadas en Japón, explican las directrices.

La empresa también ha revisado sus códigos de conducta para incluir la prohibición explícita de cualquier discriminación o acoso por razones de orientación sexual e identidad de género, "así como revelar la orientación sexual de alguien en contra de su voluntad".

Demandas en curso

Nintendo es la última gran empresa en sumarse a esta tendencia que empezó varios años atrás en Japón. La misma fue encabezada por Panasonic y a la que se han ido sumando firmas como Sony, IBM Japan o Softbank.

La legislación japonesa no contempla el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Aunque varias ciudades del país emiten actualmente certificados de uniones civiles que conceden a estas parejas algunos derechos equiparables a los de los enlaces heterosexuales.

Los sistemas no son, no obstante, vinculantes a nivel nacional. Por esta razón cualquier batalla legal por estos derechos suele ser una batalla perdida, dada su actual ilegalidad ante el Estado.

Hay varias demandas en curso en el país que cuestionan la constitucionalidad del rechazo del Gobierno a la legalización de estas uniones.

Dos tribunales han fallado hasta ahora con sentencias opuestas, mientras que otras tres demandas todavía están por resolver. Ninguna ha llegado hasta el momento hasta el Tribunal Constitucional.

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