15 minutos. Las empresas del expresidente Donald Trump inflaron el valor de sus propiedades o distorsionaron a su conveniencia su valor ante financieras, inversores, aseguradoras y otros actores económicos y del sector inmobiliario, según un informe de la fiscal general de Nueva York Letitia James, publicado este miércoles por la prensa local.
El informe tiene 160 páginas y de él se hicieron eco los diarios The New York Times y The Washington Post, entre otros medios.
En el reporte, James asegura haber hallado una cantidad notable de supuestas discrepancias entre la situación real de las propiedades del expresidente y lo declarado. En concreto, a entidades financieras, aseguradoras y al mismo Servicio de Rentas Internas (IRS). Todo ello, para conseguir ventajas y millones de dólares en ahorros fiscales.
Con este informe, la fiscal pretende apoyar su petición para que tanto Trump como sus hijos tengan que testificar en el caso que tienen abierto en los tribunales de Nueva York. Son objeto de una intensa investigación por la posibilidad de que la Organización Trump, que aglutina a las empresas del republicano, cometiera fraude en sus actividades entre 2004 y 2020.
Declaraciones erróneas
Trump, por su lado, trata de evitar que la Fiscalía lo interrogué a él o a sus hijos por la contabilidad de sus empresas. En su lugar, acusa a James de estar llevando a cabo una “caza de brujas” impulsada por motivaciones partidistas. La fiscal demócrata se postula para la reelección este mismo año.
Según palabras de James, recogidas por The New York Times, las declaraciones erróneas del expresidente inflando el valor de sus propiedades formarían parte de un patrón. Específicamente, para sugerir que su patrimonio neto era mucho más alto de lo que hubiera parecido.
Pese a todos los informes y documentos incriminatorios, la fiscal general de Nueva York insiste en la necesidad de hacer declarar tanto a Trump como a sus hijos Ivanka y Donald Junior. El fin: aclarar quién es el responsable de estos errores y omisiones. Y si se cometieron de forma intencionada, determinar si es constitutivo de un delito por fraude.
