15 minutos. El cerco judicial a la principal ONG de derechos humanos de Rusia, Memorial International, podría ser el comienzo de una estrategia de las autoridades para ilegalizar la labor de todos los activistas en el país, alertó hoy la relatora de la ONU Mary Lawlor, quien pidió a Moscú que frene ese proceso.
El proceso judicial de disolución de esa organización supondría “un ataque a la libertad de expresión y asociación”, subrayó en un comunicado Lawlor, relatora de Naciones Unidas para los defensores de los derechos humanos.
La Fiscalía General ha demandado a la Corte Suprema de Rusia la disolución de la ONG por una presunta infracción legal al no definirse permanentemente como “agente extranjero” en sus declaraciones públicas.
La ONG Memorial Internacional fue declarada en 2016 “agente extranjero” (al recibir supuestamente financiación exterior). Por tanto esta condición le obliga desde 2019 a incluir esta etiqueta en cada documento, cada entrada y cada publicación, incluso en redes sociales.
El Tribunal Supremo ruso decidió que el juicio contra Memorial Internacional continuará el próximo 28 de diciembre.
Retroceso
El Centro de Derechos Humanos de la organización, muy conocido por su trabajo en defensa de los perseguidos en Chechenia. Fue declarado agente extranjero en 2014, también afronta un juicio similar en otro tribunal de Moscú, que se reanudará este jueves.
La Fiscalía de Moscú quiere disolverlo por haber encontrado supuestamente “señales lingüísticas y psicológicas que justifican las actividades de miembros de organizaciones terroristas y extremistas”.
Lawlor afirmó que la posible liquidación de estas dos organizaciones supondría un nuevo retroceso para los defensores de los derechos humanos en un país en el que “ya ha habido muchos reveses en los últimos años”.
Ambas organizaciones son un símbolo de la democratización postsoviética de Rusia. Desde su nacimiento han documentado la represión política y las violaciones de los derechos humanos en el país.
“Al igual que su creación marcó el inicio de la apertura en Rusia, su cierre podría señalar el fin de este periodo”, advirtió Lawlor.
“Sus críticas a los abusos históricos y contemporáneos de los derechos humanos les han convertido durante muchos años en el objetivo de un Gobierno que disminuye cada vez más el espacio para el debate público”, agregó.
