Tras fallo del Constitucional de Cabo Verde: Saab ve “incoherente” la decisión

El empresario reiteró que el fallo "está mal escrito, mal argumentado y es jurídicamente deplorable"

Mencionó que no dejará "ninguna piedra legal sin remover ni ningún foro sin explorar para conseguir mi libertad" (EFE/ Archivo)

15 minutos. El empresario colombiano, Álex Saab tildó de “incoherente” el fallo del Tribunal Constitucional de Cabo Verde que avaló la constitucionalidad de su extradición a EEUU.

EEUU reclama la entrega del presunto testaferro de Nicolás Maduro por supuesto blanqueo de dinero.

“Está mal escrito, mal argumentado y es jurídicamente incoherente”, afirmó Saab.

El empresario, detenido en el país insular africano desde junio de 2020 a petición de EEUU, emitió una carta publicada sobre el veredicto del Constitucional.

“Utilizar la ley con fines políticos (…) para que tenga éxito requiere que los jueces que lo lleven a cabo tengan algún talento inherente que, por desgracia, parece estar ausente en los numerosos jueces de Cabo Verde que se han sentado a juzgarme en los últimos 15 meses”, dijo.

“Sencillamente, el resultado es jurídicamente deplorable”, zanjó Saab quien reiteró que es “incoherente” .

Pese al fallo en su contra, afirmó, “sigo confiando en que prevaleceré en mi batalla contra la extralimitación judicial por motivos políticos de Estados Unidos”.

“No capitularé”

Aseveró que “no importan las pruebas falsas, ni la cantidad de presiones políticas aplicadas por Estados Unidos, ni el alcance de la conspiración moralmente corrupta de Cabo Verde con sus nuevos amos coloniales, no capitularé y simplemente me retiraré”.

Saab precisó que “no tengo sino palabras de agradecimiento por contar con el apoyo del presidente Nicolás Maduro, su gabinete y el pueblo venezolano en estos últimos 15 meses”.

“No dejaré ninguna piedra legal sin remover ni ningún foro sin explorar para conseguir mi libertad”, dijo.

El empresario termina la carta con un “Leal siempre.¡Venceremos!”.

La misiva de hizo pública horas después que sus abogados emitieran un comunicado criticando el fallo del alto tribunal caboverdiano, que tacharon de “suicidio constitucional”.

En un veredicto publicado el pasado día 7, la corte juzgó “improcedente” el recurso interpuesto por Saab contra la supuesta inconstitucionalidad de su arresto para frenar su extradición.

El Constitucional divulgó una resolución de 194 páginas en la que responde al recurso en el que Saab alegaba, según el tribunal, que en el proceso de extradición “se aplicaron reglas inconstitucionales”.

La corte vino a dar la razón a 2 instancias inferiores, el Tribunal de Apelaciones de Barlavento y el Tribunal Supremo de Justicia, que ya habían autorizado en 2020 y el pasado marzo, respectivamente, la entrega de Saab a EEUU.

En la práctica, el fallo del Tribunal Constitucional da -salvo sorpresa o imprevisto- vía libre a la extradición, aprobada también por el propio Gobierno caboverdiano el año pasado.

Intentos infructuosos para frenar la extradición

Todos los intentos legales de detener su entrega a EEUU resultaron infructuosos ante la Justicia caboverdiana.

En el proceso, la defensa argumentó siempre que era “ilegal” y que tenía motivaciones políticas.

Al empresario lo detuvieron cuando su avión hizo escala para repostar en el Aeropuerto Internacional Amilcar Cabral de la isla caboverdiana de Sal.

Esto en respuesta a una petición de EEUU a través de Interpol por supuesto blanqueo de dinero.

No obstante, la defensa alega que esa alerta se emitió después del arresto.

Tras su detención, Venezuela insistió en que Saab es un ciudadano venezolano y un “agente” del Gobierno, que se hallaba “en tránsito” en Cabo Verde.

Sus abogados sostienen que “tenía derecho a la inviolabilidad personal como enviado especial de Venezuela”.

El nombre del empresario, de 49 años, apareció en los medios cuando la exfiscal venezolana, Luisa Ortega Díaz, lo acusó en 2017 de ser uno de los testaferros de Maduro.

Saab, nacido en la ciudad colombiana de Barranquilla y de origen libanés, está relacionado con varias empresas, entre ellas Group Grand Limited (GGL), acusada de suministrar alimentos y víveres con sobreprecios a la Administración de Maduro.

Según las autoridades estadounidenses, el empresario y tres hijastros de Maduro se lucraron de estas operaciones con “cientos de millones de dólares”.

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