15 minutos. Amnistía Internacional (AI) aplaudió este domingo la abolición de la pena de muerte en Sierra Leona aprobada en la víspera por el Parlamento nacional. Sin embargo, le recordó al país africano que todavía tiene muchas cuentas pendientes con el Derecho Internacional, especialmente en lo que se refiere a la protección de los disidentes.
“La abolicion de la pena de muerte es una victoria para los derechos humanos en Sierra Leona“. Así lo explicó el asesor legal de Amnistía Oluwatosin Popoola, antes de recordar al Gobierno sierraleonés que debe hacer todo lo posible para proteger a activistas, periodistas y opositores.
Las autoridades sierraleonesas, dijo Popoola, han sido acusadas de tergiversar la ley para eliminar a sus oponentes políticos. Además, sus fuerzas de seguridad han sido responsabilizadas de emplear excesiva violencia en las protestas de sus críticos.
Con todo, “el progreso que estamos viendo de cara a la abolición de la pena de muerte en África es algo a destacar”. “Amnistía se muestra optimista en que otros países del continente seguirán su ejemplo”.
La antigua colonia británica se encuentra todavía devastada por la pobreza y la guerra civil de 1991-2002 que se cobró 120.000 vidas. En 2006, una comisión de la verdad y la reconciliación creada para investigar el conflicto pidió la abolición de la pena de muerte. Se trataba de “una afrenta a la sociedad civilizada”.
Las autoridades adoptaron esta decisión 2 meses después de que Malaui declarara la pena de muerte como inconstitucional en abril. Chad la abolió en 2020. Un año antes, el tribunal africano de derechos humanos dictaminó que la imposición obligatoria de la pena de muerte por parte de Tanzania era “evidentemente injusta”.
Eliminar a opositores
La pena de muerte es un legado de la era colonial amparado en vetustas leyes y reservado a ciertas personas. Por ejemplo, condenadas por asesinato en virtud de la Ley de Delitos contra la Persona de 1861, robo con agravante en virtud de la Ley de Hurto de 1916 y la Ley de las Fuerzas Militares de 1961, apuntó el diario Sierra Leone Telegraph.
En Sierra Leona existe una moratoria de facto sobre el uso de la pena de muerte desde 1998. El país ejecutó a 24 soldados por su presunta participación en un intento de golpe el año anterior.
Tal y como apuntaron en su momento diputados como Hindolo Moiwo Gevao durante el debate en el Parlamento, varios líderes sierraleoneses emplearon esta herramienta para eliminar a opositores políticos. Tal fue el caso de Mohamed Sorie Fornah, condenado en los años 70 por traición; y Kula Samba, ejecutada a finales de los años 90.
En todo el África subsahariana, el año pasado, los investigadores de Amnistía Internacional registraron una caída del 36 % en las ejecuciones en comparación con 2019, de 25 a 16. Las ejecuciones se llevaron a cabo en Botsuana, Somalia y Sudán del Sur.
