15 minutos. El nuevo pedido de 36 meses de prisión preventiva presentado contra la líder opositora peruana Keiko Fujimori en una investigación por presunto lavado de activos vinculado con la empresa Odebrecht se decidirá a inicios de enero próximo.
El magistrado Víctor Zúñiga, encargado del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Crimen Organizado, determinó que las audiencias se celebrarán el 28 y 30 de diciembre, y el 2 y 3 de enero próximo. Por lo tanto, antes de esa última fecha no se conocerá una resolución.
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Zúñiga programó para este jueves la primera vista de la solicitud presentada por el fiscal José Domingo Pérez después de que Fujimori fuera liberada, el pasado 29 de noviembre.
Sin embargo, el magistrado aceptó postergar la audiencia inicial para este sábado después de recibir un pedido en ese sentido del fiscal Pérez, quien incorporó nuevos documentos que aún deben ser analizados por la defensa de Fujimori.
Las posiciones de las partes
Al abandonar el tribunal, Pérez declaró a periodistas que se advirtió “que los elementos de convicción, las pruebas, no fueron alcanzadas en su integridad a la defensa de Keiko Fujimori”.
“Para evitar cualquier tema de nulidad posterior, hemos convenido con la defensa, y el juez lo ha entendido así, para que se pueda señalar una nueva fecha”.
José Domingo Pérez
Así, la abogada de Fujimori, Giulliana Loza señaló que no se le notificaron todos los elementos del pedido fiscal. Ante esto, el juez Zúñiga ordenó que de inmediato le entreguen copias de los nuevos documentos.
Ausencia de Keiko
Poco antes, Keiko Fujimori anunció en Twitter que no asistiría al tribunal para no ser “parte del show”.
También aseguró que no iba a “someter” a sus hijas “a la misma angustia de verme sentada ahí”.
La semana pasada, la líder del partido Fuerza Popular anunció que hará “una pausa” en sus actividades políticas para afrontar las investigaciones que se le siguen.
Nuevas evidencias
Pérez señala que existen hasta 140 nuevos elementos que sustentan su pedido de prisión preventiva y que Keiko Fujimori puede recibir una condena de 24 años y 10 meses de prisión.
Entre los nuevos elementos figuran el testimonio del empresario Jorge Yoshiyama, quien afirma que Fujimori sí conocía que Odebrecht aportó un millón de dólares a su campaña electoral de 2011. También, las declaraciones de grandes empresarios peruanos que señalaron que le dieron millonarias donaciones en 2011 y 2016.
Además, el expresidente del Congreso Daniel Salaverry dijo que Fujimori hizo coordinaciones con el ex juez supremo César Hinostroza y con el fiscal Pedro Chávarry, acusados de presuntos vínculos con una red de corrupción en la Judicatura.
Por su parte, el empresario Antonio Camayo declaró a los fiscales que la líder opositora, en un audio grabado por la Policía, coordinó por teléfono una reunión en su casa entre Fujimori y el entonces juez Hinostroza.
Protesta de jueces
Un grupo de jueces peruanos realizó este jueves un plantón afuera del tribunal en el que se celebró la audiencia inicial de un nuevo pedido contra la líder opositora Keiko Fujimori.
Los magistrados, entre los que se encontraba el juez Richard Concepción Carhuancho, exigieron la homologación de sus sueldos proporcional con el los magistrados supremos.
Al respecto, el decano de jueces especializados de la Corte Superior de Justicia, Manuel Lora Almeida, declaró a periodistas que la ley establece que se les debe incrementar el sueldo cada vez que se hace lo mismo con los supremos.
Los jueces superiores indican que deben recibir el 80% del sueldo mensual de los magistrados supremos, mientras que los jueces especializados el 62% y los jueces de paz letrados el 40%.
