15minutos. El Centro Carter publicó este lunes 17 de febrero su informe final sobre las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio en Venezuela, en el que destaca que “el proceso electoral reflejó un claro sesgo a favor del presidente en ejercicio” y pide a las autoridades “respeto por la voluntad” expresada por los venezolanos a través de una “revisión transparente e independiente” de los resultados.
“Este sesgo fue evidente en el proceso de inscripción de candidatos, en la exclusión de la mayoría de los votantes extranjeros y en las condiciones manifiestamente desiguales para hacer campaña”, precisa el documento en su resumen.
El informe del Centro destaca la gran afluencia en los centros de votación el día del proceso, pese a algunos incidentes violentos. Pero señala la no divulgación de los resultados de las presidenciales por el Consejo Nacional Electoral (CNE), tras anunciar la victoria de Nicolás Maduro con 51,2% de los votos, debido a un supuesto hackeo de su página web, inactiva hasta la fecha.
“La falta de resultados detallados impidió la verificación independiente de los resultados generales anunciados por el CNE. El CNE canceló tres auditorías poselectorales que podrían haber verificado los presuntos ciberataques. Esto incluyó un segundo ejercicio de verificación ciudadana. La integridad de las elecciones se vio dañada por la falta de información transparente”, aseguró la organización.
Cabe señalar que, el Centro Carter desplegó observadores en cuatro ciudades (Caracas, Valencia, Barinas y Maracaibo) para las presidenciales desde el 28 de julio, tras firmar un memorando con el CNE que incluía la libertad de poder declarar de cualquier integrante de la misión y acceso a todo el proceso electoral y sus participantes.
Además de esa falta de transparencia en el anuncio de resultados “y la aparente falsificación de los mismos”, señaló el Centro Carter en su informe, “las autoridades venezolanas siguieron sin poder cumplir varias condiciones fundamentales para una elección democrática”.
También se destacó las dificultades para la oposición reunida bajo la Plataforma Unitaria de postular un candidato, tras la inhabilitación de María Corina Machado, las restricciones que enfrentaron los contendientes durante la campaña, impedimentos de observación internacional, así como el uso indiscriminado de recursos públicos por parte de Maduro, las restricciones al voto de venezolanos en el exterior y los problemas para inscribirse o actualizar la información de registro electoral dentro de Venezuela.
En cambio, señalaron al gobierno de continuar una “ofensiva y restricciones a los derechos políticos fundamentales, incluida la libertad de expresión, asociación y movimiento” de dirigentes opositores y sociedad civil. Se destacó el exilio de Edmundo González a España, luego de una investigación penal y amenazas de arresto, así como la clandestinidad de Machado, a quien la Fiscalía acusa de supuestos actos terroristas.
Dentro de las recomendaciones, la organización pidió que se enmienden, deroguen o retiren leyes, proyectos de ley y reglamentos “que busquen restringir indebidamente la libertad de expresión y asociación, incluida la Ley contra el Fascismo y el Neofascismo; la Ley para el Control, Regularización, Funcionamiento y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines; y la Ley Orgánica para la Defensa del Esequibo”.
