15 minutos. La ex tesorera nacional de Venezuela Claudia Patricia Díaz Guillén, conocida como “la enfermera” de Hugo Chávez, y su esposo Adrián José Velásquez Figueroa fueron condenados este miércoles en Florida a 15 años de cárcel y 3 años de libertad vigilada cada uno por cargos de lavado de dinero.
Además, deberán restituir 136 millones de dólares y pagar una multa de 75 mil dólares cada uno, anuncio el juez William P. Dimitrouleas en Miami.
La Fiscalía había pedido sentencias de no menos de 23 años y 5 meses de cárcel para la “enfermera” de Chávez y de 19 años y 5 meses para “el guardaespaldas”.
A ambos venezolanos los extraditaron en 2022 desde España, país del que también tienen la nacionalidad. En diciembre de ese mismo año los declararon culpables de lavado de dinero: ella de 2 cargos y el de 3.
Díaz Guillén y Velásquez Figueroa fueron personas de confianza de Chávez, quien fuera presidente de Venezuela y fallecido en 2013. Se radicaron en España en 2016, según alegan, porque eran perseguidos por Nicolás Maduro.
Compasión
La Fiscalía los acusó de hacer una fortuna de 136 millones de dólares con una red de corrupción. Se aprovecharon de que ella era tesorera nacional (2011-2013) para beneficiarse del sistema de control de cambios vigente en Venezuela por entonces.
Esa es la cantidad que, según el juez Dimitrouleas, deberán restituir. También deberán pagar 150 mil dólares de multa entre los 2.
En un escrito que se incorporó al registro judicial del caso, la extesorera pidió “compasión” al juez a la hora de imponerles sentencia. Asimismo, subrayó que le hubiera gustado “colaborar” con Estados Unidos (EEUU), pero no pudo hacerlo porque carece de información, dijo.
Díaz Guillén y su esposo se declararon no culpables de los cargos que se les imputaban. Tampoco llegaron a un acuerdo con la Fiscalía. En cambio, sí consiguió un acuerdo otro venezolano, ex tesorero nacional y sujeto a la Justicia de EEUU: Alejandro Andrade Cedeño, involucrado en la misma trama de corrupción y sobornos.
Andrade Cedeño, quien fijó su residencia en EEUU después de la muerte de Chávez, se declaró culpable. Lo sentenciaron a 10 años de prisión en 2018 como parte de un acuerdo que incluyó el decomiso de activos por mil millones de dólares.
Cambio de divisas
El principal imputado en este caso es el empresario venezolano Raúl Gorrín Belisario, dueño y presidente del canal Globovisión. Es buscado por la Justicia estadounidense en relación con los mismos hechos.
A Gorrín lo acusaron el 16 de agosto de 2017 en el distrito sur de Florida de un cargo de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), otro de conspiración para cometer lavado de dinero y 9 más de lavado de dinero.
El pliego acusatorio alega que Gorrín Belisario pagó millones de dólares en sobornos a 2 altos funcionarios venezolanos -Díaz Guillén y Andrade Cedeño- para obtener los derechos de efectuar transacciones de cambio de divisas con tasas favorables.
Además de realizar transferencias de dinero a los funcionarios, Gorrín Belisario presuntamente les pagó gastos relacionados con jets privados, yates, residencias, caballos de campeonato, relojes de lujo y una línea de moda.
Para ocultar los sobornos, Gorrín Belisario hizo pagos mediante múltiples empresas fantasma. Presuntamente se asoció con otras personas para adquirir el Banco Peravia en República Dominicana.
Al también venezolano Gabriel Arturo Jiménez Aray, expropietario del Banco Peravia en República Dominicana, lo sentenciaron en EEUU a 3 años de prisión en 2019 por conspiración para lavado de dinero.
