15 minutos. La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, advirtió que no promulgará una ley como la que propone el partido de Evo Morales para darle inmunidad a él y al resto de autoridades que nombró como presidente.
Áñez acusó al Movimiento al Socialismo (MAS), el partido de Morales, de aprovechar su mayoría parlamentaria para dar inmunidad a quienes cometieron delitos y “burlado de la ley”.
“Quiero denunciar ante el país que parlamentarios del Movimiento al Socialismo tienen la intención de aprobar una ley para favorecer a quienes han cometido delitos y ahora pretenden obtener impunidad”.
Jeanine Áñez
Ayer presentaron el proyecto del MAS, luego de que el Gobierno de Áñez denunciara ante la Fiscalía por cargos de terrorismo y sedición a Evo Morales.
“No voy a promulgar esa ley”, recalcó la mandataria provisional, sobre su decisión “clara y firme” para no otorgar protección “a quienes han sometido, perseguido, engañado y burlado a los bolivianos”.
“Esta ley de la impunidad no debe ser aprobada”, insistió, para añadir que los principios de su Gobierno “no son negociables”.
La jefa de Estado interina, quien asumió el poder luego de la renuncia de Morales, señaló que su Ejecutivo “no perseguirá a ningún dirigente político, sindical o cívico”.
Sin embargo, aclaró que “todo aquel que ha cometido delitos y se ha burlado de la ley y ha cometido abusos, no tendrá amnistía de ningún tipo”.
“No vamos a participar escribiendo una historia de infamia”, concluyó en un discurso desde el palacio de Gobierno en La Paz.
El proyecto de ley
El proyecto de ley lo presentaron en la Cámara de Senadores por Sonia Chiri, senadora indígena del MAS, para prohibir “aprehensiones y procesos judiciales” contra Morales, funcionarios, líderes sociales, sindicales y otros nombrados por su Gobierno.
La senadora Chiri denunció la “vulnerabilidad” de las personas que buscan proteger este proyecto de ley, así como sus familias, lo que “requiere de acciones inmediatas del Estado”.
El pasado viernes el Gobierno provisional de Áñez denunció ante la Fiscalía a Morales y el que fuera su ministro de Presidencia Juan Ramón Quintana, acusándolos de terrorismo y sedición por supuestamente instar a actos violentos en el país.
